Leyes

Modifica las retribuciones de los empleados públicos para actualizar salarios y complementos en el sector público. Se aplica con carácter urgente y temporal.

Modifica el reglamento de facturación electrónica para simplificar los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas informáticos de autónomos y empresas. También incluye medidas para facilitar la inversión de ayuntamientos y comunidades autónomas en proyectos públicos.

Modifica la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para dar más flexibilidad a los ayuntamientos en el uso de sus superávits y en la regla de gasto, permitiendo invertir en servicios públicos como la vivienda. También ajusta los objetivos de déficit y deuda para repartirlos de forma más equilibrada entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Modifica el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones para ajustar aspectos relacionados con la gestión de ayudas y la carrera profesional de los empleados públicos.

Modifica la Ley General Penitenciaria para endurecer los requisitos para que los condenados por delitos de terrorismo puedan ser clasificados en grados penitenciarios más favorables o progresar en su reinserción. Establece condiciones adicionales específicas para este tipo de delitos.

Modifica varios reales decretos-ley para ampliar plazos y flexibilizar ayudas tras la DANA de 2024, incluyendo la recuperación ecológica hasta 2027, subvenciones para infancia y juventud hasta finales de 2026, y el Plan REINICIA AUTO+ hasta diciembre de 2025. También transforma el fondo FEPYME DANA en un instrumento de contingencia para pymes ante riesgos climáticos futuros.

Modifica normas económicas y sociales para ayudar a La Palma tras las erupciones volcánicas, con medidas urgentes de recuperación. Incluye ayudas directas, flexibilización de trámites y apoyo a sectores afectados como la agricultura y el turismo.

Modifica la normativa educativa para establecer límites máximos en el número de alumnos por aula en la educación pública y mejorar las condiciones del alumnado. Incluye medidas para reducir la ratio en centros con alta demanda o necesidades especiales.

Modifica la normativa española para facilitar el intercambio de datos entre las fuerzas de seguridad y las aduanas de los países de la UE, con el fin de mejorar la lucha contra el crimen transnacional y el tráfico ilegal.

Reconoce como víctimas del franquismo a las mujeres que fueron internadas en el "Patronato de Protección a la Mujer", un organismo que durante la dictadura las recluyó por motivos ideológicos, morales o sociales. Establece medidas para su reparación histórica y acceso a derechos.

Modifica el Código Penal para introducir nuevos delitos relacionados con la violencia digital y el acoso en línea, así como para ajustar las penas de otros delitos ya existentes.

Modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para endurecer los requisitos del arraigo y restringir la regularización de inmigrantes en situación irregular.

Modifica la normativa para garantizar el uso y protección de todas las lenguas oficiales en España ante las instituciones del Estado, asegurando los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Establece medidas para su aplicación efectiva en la administración pública y otros ámbitos institucionales.

Modifica la normativa para establecer las condiciones y requisitos necesarios para ejercer profesionalmente como criminólogo en España, definiendo su ámbito de actuación y regulando su colegiación obligatoria.

Modifica la Ley de Dependencia para reforzar la atención a personas con enfermedades graves como la ELA, garantizando servicios públicos continuados y especializados en sus hogares. Incluye medidas urgentes para mejorar la coordinación entre administraciones y asegurar financiación inmediata.

Modifica la Ley General Presupuestaria para prohibir las transferencias de crédito entre secciones presupuestarias y exige al Gobierno presentar proyectos de ley específicos para aprobar créditos extraordinarios en defensa, reforzando el control parlamentario sobre el gasto público.

Modifica la Ley de Propiedad Horizontal para actualizar normas sobre comunidades de vecinos, como la regulación de obras en elementos comunes o la gestión de gastos. Incluye cambios en los acuerdos necesarios para tomar decisiones en las juntas de propietarios.

Modifica la normativa española para dar carácter obligatorio a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y obligar al Estado a cumplirlas en un plazo determinado.

Modifica la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia, transfiriendo la gestión de los aeropuertos de interés general ubicados en Galicia. La iniciativa afecta exclusivamente a los aeropuertos clasificados como de interés general en esa comunidad.

Modifica el Código Penal y otras leyes para endurecer las penas por delitos contra la libertad sexual y el acoso en espacios públicos, incluyendo medidas como multas y trabajos en beneficio de la comunidad para conductas como el exhibicionismo o el acecho. También refuerza la protección de las víctimas con medidas como la prohibición de acercamiento y la creación de registros de delincuentes sexuales.

Modifica la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para nacionalizar Repsol y convertirla en una empresa pública que impulse la transición energética verde, eliminando su dependencia de combustibles fósiles y priorizando las energías renovables. La nueva empresa pública asumirá el control de todas las operaciones de Repsol, incluyendo la gestión de sus filiales en paraísos fiscales, y rendirá cuentas periódicamente al Parlamento sobre su alineación con los objetivos climáticos.

Modifica la normativa contable para ajustar los umbrales que definen qué empresas deben presentar información financiera simplificada o detallada. Se aplica a todas las empresas según su tamaño (facturación, empleados y activos).

Modifica el Código Penal para endurecer las penas en casos de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa. Establece agravantes específicos cuando una persona cometa estos delitos de forma reiterada.

Modifica la normativa de pensiones públicas para vincular su revalorización al Índice de Precios al Consumo (IPC), garantizando que no pierdan poder adquisitivo con la inflación. Se aplica a todas las pensiones contributivas y no contributivas del sistema público.

Modifica la normativa para exigir que todas las políticas públicas incluyan un informe que analice su impacto en la juventud antes de ser aprobadas. Este informe deberá evaluar cómo afectan a este grupo de edad en áreas como empleo, educación o vivienda.

Modifica la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para establecer que el programa de cribado neonatal (prueba del talón) se evalúe al menos cada dos años, garantizando su actualización, equidad territorial y efectividad clínica. Además, obliga a revisar en un año las enfermedades incluidas en la cartera común de servicios para incorporar aquellas que cumplan criterios científicos y de coste-efectividad.

Establece ayudas económicas y medidas urgentes para reparar los daños causados por la DANA en municipios afectados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, incluyendo reconstrucción de infraestructuras y apoyo a la población afectada.

Modifica el procedimiento penal para regular aspectos clave del proceso judicial en delitos graves, como las fases de investigación, juicio y recursos. Incluye normas sobre pruebas, plazos y derechos de las partes implicadas.

Elimina la obligatoriedad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles y suprime la tasa municipal de residuos establecida en la Ley de residuos y suelos contaminados. Además, prohíbe a las administraciones locales restringir el tráfico por motivos ambientales y evita que el cumplimiento de estas medidas condicione la concesión de ayudas públicas.

Modifica la legislación para proteger los derechos fundamentales de quienes sufren acoso mediante demandas judiciales abusivas. Establece mecanismos para identificar y frenar estas prácticas, garantizando el acceso a la justicia sin intimidaciones.