Proposición de Ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

Establece la revalorización de las pensiones públicas para 2026 según el Índice de Precios al Consumo (2,7%) y el coste de vida por comunidades autónomas. También actualiza prestaciones como orfandad por violencia de género, ayudas a afectados por VIH y complementos por brecha de género, además de fijar las cuantías mínimas de las pensiones.

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