Leyes

Modifica la Ley de Nacionalidad para facilitar la obtención de la nacionalidad española por residencia, reduciendo los plazos mínimos requeridos. También regula cómo conservar la nacionalidad de origen al adquirir la española, estableciendo condiciones claras para evitar pérdidas involuntarias.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, especialmente los designados entre jueces y magistrados, ajustándolo a los estándares europeos que exigen su elección por los propios miembros del Poder Judicial.

Modifica el sistema de atención a la dependencia para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves e irreversibles, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica, reforzando sus derechos y prestaciones según lo establecido en la Ley 3/2024.

Modifica la Ley de Nacionalidad para facilitar la obtención de la nacionalidad española por residencia, reduciendo los plazos requeridos. También regula la conservación de la nacionalidad de origen para quienes adquieren la española, evitando su pérdida automática en ciertos casos.

Crea un nuevo marco legal para regular, inspeccionar y sancionar las actividades de pesca marítima en España, reforzando el control sobre la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada y actualizando el sistema de multas y medidas para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.

Modifica el Código Penal para tipificar como delito la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Europea (como embargos o sanciones económicas) y establece penas de prisión y multas para quienes las incumplan de forma intencionada. También amplía el decomiso de bienes y endurece las sanciones por blanqueo de capitales cuando los fondos provengan de estas infracciones.

Modifica la normativa de protección social para adaptar las prestaciones por cese de actividad en el sector del marisqueo (a pie y a flote) y reconocer automáticamente coeficientes reductores de la edad de jubilación en las industrias extractivas cuando se acrediten condiciones de penosidad o toxicidad.

Modifica el Código Penal para ampliar los casos en los que se puede imponer la pena de prisión permanente revisable, añadiendo nuevos delitos graves que la contemplen.

Modifica la normativa deportiva para asegurar que las federaciones españolas puedan participar en competiciones internacionales con representación plena, incluso si no cumplen todos los requisitos habituales por circunstancias excepcionales.

Modifica la Ley de Seguridad Vial para aumentar la sanción por ocupar plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. La infracción pasaría de considerarse "grave" a "muy grave", con multa de 500 euros (250 euros con pronto pago).

Modifica la normativa para reforzar la protección legal de los símbolos oficiales del Estado (como la bandera o el himno) y establece sanciones por su uso indebido o irrespetuoso en actos públicos o espacios oficiales.

Modifica la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para regular la responsabilidad del Estado cuando cause daños por incumplir leyes europeas. Establece el procedimiento para reclamar indemnizaciones en estos casos.

Modifica la normativa laboral para reconocer condiciones especiales de trabajo en sectores estratégicos con alta penosidad, como turnos prolongados o riesgos físicos, y establece medidas de protección social adicionales para estos trabajadores.

Modifica la normativa española para establecer medidas urgentes de apoyo humanitario a la población palestina en Gaza, incluyendo ayudas económicas y logísticas, y refuerza la posición institucional del Estado en la denuncia internacional de posibles crímenes de genocidio.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar el alcance de la justicia universal, permitiendo que los tribunales españoles investiguen crímenes graves como genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en cualquier país, incluso si no hay víctimas ni autores españoles.

Modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para cambiar el artículo 92 bis, que regula la disolución de corporaciones locales por incumplimiento grave de sus obligaciones.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar el alcance de la justicia universal, permitiendo que los tribunales españoles investiguen crímenes graves como genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en cualquier país, incluso si no hay víctimas ni autores españoles involucrados.

Modifica la normativa para permitir el voto telemático en las reuniones de los órganos de gobierno de los ayuntamientos y otras administraciones locales, siempre que se garantice la identidad del votante y la seguridad del proceso.

Modifica la normativa española para establecer sanciones económicas y restricciones comerciales a personas o entidades vinculadas con el genocidio en Gaza, e incrementa la ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo dirigida a la población palestina.

Crea un protocolo obligatorio para inspeccionar buques con origen o destino a Estados sobre los que existan indicios de genocidio o crímenes de guerra, incluyendo procedimientos detallados, controles en puertos españoles y posibles sanciones por incumplimiento.

Modifica la normativa fiscal para introducir impuestos o gravámenes que desincentiven la compraventa de viviendas con fines especulativos, especialmente cuando los inmuebles permanecen vacíos o se revenden en短期 plazos.

Modifica la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras normas tributarias para permitir que las comunidades autónomas puedan asumir, por delegación del Estado, competencias de gestión, liquidación, revisión y sanción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), incluyendo el control de deducciones autonómicas. La Generalitat de Catalunya será la primera en aplicar estas competencias de forma progresiva a partir de 2026.

Modifica el Código Penal para ampliar los delitos de enaltecimiento del terrorismo o humillación a sus víctimas. Incluye nuevos supuestos relacionados con la difusión de mensajes que justifiquen o glorifiquen actos terroristas.

Modifica la normativa fiscal y de seguros para reforzar el sector agroalimentario español, incluyendo ayudas directas a explotaciones en crisis, reducción temporal del IVA en insumos clave y ampliar los seguros agrarios para cubrir riesgos de ingresos. También propone crear reservas estratégicas de alimentos y sistemas de alerta temprana para evitar desabastecimientos.

Aumenta la duración del permiso de nacimiento y cuidado de menores o familiares, modificando las leyes laborales, de empleados públicos y de Seguridad Social para adaptarlas a una directiva europea.

Amplía el permiso de nacimiento y cuidado de menores o personas dependientes, ajustando la normativa laboral, de empleados públicos y de Seguridad Social para cumplir con una directiva europea sobre conciliación familiar y laboral.

Modifica leyes para mejorar la regulación de los servicios digitales y los medios de comunicación, reforzando la gobernanza democrática en estos ámbitos.

Modifica la estructura del Organismo Autónomo Agencia de Información y Control Alimentarios para convertirlo en la Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria, cambiando su denominación y ámbito de actuación.

Modifica la disposición adicional sexta de la Ley del Sector Eléctrico para ajustar los criterios de cálculo de los costes de transición a la competencia en el mercado eléctrico.

Modifica la normativa laboral para endurecer las sanciones por incumplir la cuota del 2% de reserva de empleo para personas con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores. También prohíbe acceder a subvenciones públicas a las empresas sancionadas por este incumplimiento.