Leyes

Modifica la normativa para regular el tratamiento, protección y acceso a la información clasificada por motivos de seguridad nacional. Establece los criterios y procedimientos para su clasificación, desclasificación y acceso por parte de autoridades y ciudadanos.

Declara como acontecimientos de excepcional interés público una serie de iniciativas y programas específicos, lo que permite aplicarles beneficios fiscales y ayudas públicas para su promoción y desarrollo.

Modifica la normativa sobre financiación de las comunidades autónomas y entidades locales para ajustar los recursos que reciben, incorporando cambios derivados de un decreto-ley anterior. Se aplica a los sistemas de financiación territorial vigentes.

Modifica la normativa para establecer reglas más estrictas en la publicidad y contratación de viviendas destinadas a alquiler turístico. Incluye requisitos para evitar fraudes y garantizar transparencia en las condiciones de alquiler.

Modifica dos leyes clave para reforzar los derechos de las personas con discapacidad: amplía su inclusión social, autonomía y accesibilidad universal, y adapta el sistema de dependencia para priorizar su voluntad y preferencias, eliminando restricciones físicas o químicas no esenciales. También establece un programa estatal para financiar mejoras de accesibilidad y reconoce la teleasistencia como derecho subjetivo.

Potencia la relación entre cultura y salud pública, integrando activos culturales (como arte, espacios o actividades) en las políticas de salud para mejorar el bienestar colectivo y reducir desigualdades, siguiendo modelos ya aplicados en algunas comunidades autónomas.

Establece que ciertos eventos o programas específicos (como los Juegos Olímpicos, exposiciones internacionales o emergencias sanitarias) sean declarados acontecimientos de excepcional interés público. Esto permite aplicar medidas excepcionales en seguridad, movilidad o gestión de recursos durante su celebración.

Modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para introducir cambios en el sistema de votación y en la organización de las elecciones en España.

Modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para prohibir los trabajos al aire libre durante alertas meteorológicas rojas o naranjas y garantizar el derecho de los trabajadores a interrumpir su actividad en esos casos sin perder el salario.

Modifica la Ley del IRPF para introducir cambios en la tributación de las personas físicas y ajusta también las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Modifica la fiscalidad para combatir la especulación inmobiliaria con tres medidas: elimina los beneficios fiscales de las SOCIMIs, crea un nuevo impuesto sobre la acumulación de viviendas residenciales a partir de la tercera propiedad, y aumenta el tipo mínimo del IBI para viviendas no habituales. Además, establece tipos reducidos en el IVA para la compra de vivienda por menores de 35 años con rentas bajas.

Modifica el marco regulatorio del sistema eléctrico para introducir medidas urgentes de refuerzo, como ajustes en la planificación energética y la gestión de la demanda. Afecta a la normativa que regula la generación, distribución y consumo de electricidad en España.

Modifica la normativa de protección al consumidor para prohibir la venta de carne sintética y harinas de insectos como si fueran productos cárnicos tradicionales, exigiendo que se identifiquen claramente como alternativas no animales. Afecta a establecimientos que comercialicen estos productos en España.

Crea un descuento temporal en los abonos y billetes de transporte público colectivo (autobús, tren, metro) para jóvenes durante el verano de 2025, aplicable solo a viajes en ese periodo.

Modifica el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para que la declaración de desamparo de un menor y la asunción de su tutela por parte de la administración se decidan siempre por un juez, no por vía administrativa. Además, prioriza que los menores en desamparo sean reintegrados en su familia de origen o, en su defecto, en la familia extensa, siempre que sea lo mejor para el menor.

Modifica la distribución de fondos entre las comunidades autónomas y las entidades locales para ajustar su financiación territorial. Establece nuevas reglas sobre cómo se reparten los recursos públicos entre los distintos niveles de gobierno.

Modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades para permitir deducir en la cuota íntegra el importe pagado por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con un límite igual a la cuota del IS y sin generar saldo a favor. También exime del pago del IAE a autónomos y pymes con un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para incluir a los miembros de las Fuerzas Armadas en los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación por la peligrosidad de su trabajo.

Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) para introducir cambios en aspectos como la organización de las enseñanzas, los criterios de evaluación o la atención a la diversidad en el sistema educativo.

Modifica la Ley de Contratos del Sector Público para prohibir de forma indefinida la contratación con la administración a empresas condenadas por corrupción, incluso en primera instancia, y amplía la prohibición a todo su grupo empresarial para evitar eludir la sanción.

Modifica la normativa de contratación pública para impedir que empresas condenadas por corrupción puedan acceder a licitaciones del Estado o de las administraciones. La prohibición se aplica a todas las fases de los contratos con el sector público.

Crea un descuento temporal en los billetes de transporte público colectivo (autobuses, trenes, metro, etc.) para jóvenes durante el verano de 2025, aplicable solo a viajes realizados en ese periodo.

Modifica la Ley del IRPF para eximir del pago de impuestos las ayudas económicas que reciban las personas afectadas por la talidomida según el Real Decreto 574/2023. La exención incluye también cualquier otra percepción relacionada con esta condición, incluso con efecto retroactivo desde la entrada en vigor de la norma.

Reconoce al sector agroalimentario español como estratégico y propone medidas para reforzar su viabilidad, como ayudas directas a explotaciones en crisis, reducción temporal del IVA en insumos clave y creación de reservas estratégicas de alimentos para garantizar el suministro.

Modifica la legislación para reforzar el derecho a la conciliación laboral y familiar, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado de hijos y dependientes. Incluye medidas para flexibilizar horarios, permisos y ayudas económicas destinadas a equilibrar la vida personal y profesional.

Modifica la normativa española para prohibir la cría y explotación de pulpos en granjas de acuicultura, impidiendo su producción industrial con fines comerciales. La medida afecta a todas las instalaciones dedicadas a este tipo de actividad en el territorio nacional.

Modifica el Código Penal para prohibir y sancionar las terapias de conversión que buscan cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona. Las penas incluyen multas e incluso prisión en casos graves.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para actualizar las relaciones fiscales y financieras entre ambas administraciones. Se aplica a los impuestos y recursos que gestiona la Comunidad Foral.

Modifica la Ley General Tributaria para regular la prescripción de las deudas tributarias con responsables solidarios, adaptándose a la jurisprudencia reciente, y para incluir el embargo de criptoactivos y fondos en entidades de pago. También transpone la normativa europea DAC 8, ampliando las obligaciones de información sobre criptoactivos, dinero electrónico y monedas digitales de bancos centrales. Además, actualiza el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Sucesiones para ajustar las obligaciones de declaración de criptoactivos y ampliar el régimen de autoliquidación a Extremadura.

Modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para introducir cambios en el sistema de votación y en la organización de las elecciones en España.