Modifica la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para nacionalizar Repsol y convertirla en una empresa pública que impulse la transición energética verde, eliminando su dependencia de combustibles fósiles y priorizando las energías renovables. La nueva empresa pública asumirá el control de todas las operaciones de Repsol, incluyendo la gestión de sus filiales en paraísos fiscales, y rendirá cuentas periódicamente al Parlamento sobre su alineación con los objetivos climáticos.