Leyes

Modifica la Ley Orgánica de la Defensa Nacional para actualizar sus disposiciones, incluyendo nuevos aspectos sobre la estructura y funciones de las Fuerzas Armadas y la gestión de crisis.

Crea una ley orgánica para regular las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas con inteligencia artificial, estableciendo normas sobre su creación, difusión y uso para proteger los derechos al honor, la propia imagen y la intimidad. Incluye obligaciones de transparencia, como etiquetar claramente los contenidos generados artificialmente, y medidas para evitar su uso malintencionado, especialmente en ámbitos como la publicidad política o la desinformación.

Modifica el Código Penal para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando los supuestos en los que se puede considerar delito el ejercicio de este derecho.

Modifica el Código Penal para endurecer las penas de ciertos delitos sexuales, como las violaciones grupales (ahora llamadas "violación conjunta") y los delitos contra menores o personas con discapacidad, incluyendo prisión permanente revisable en algunos casos. También restaura la diferencia legal entre agresión y abuso sexual, eliminando la posibilidad de multas como única pena en estos delitos.

Modifica la normativa para garantizar una atención integral a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras en situación de gran dependencia, incluyendo servicios sanitarios, sociales y de apoyo. Establece medidas para mejorar su calidad de vida y acceso a recursos.

Modifica la Ley del Deporte para que los deportistas puedan elegir libremente si participar o no en las selecciones nacionales, eliminando la obligación y las sanciones por no asistir. También ajusta el régimen sancionador para adaptarlo a este cambio.

Modifica el Código Penal para reforzar la protección de la libertad de expresión, limitando los supuestos en los que se puede considerar delito el ejercicio de este derecho.

Modifica la Ley de Secretos Oficiales para establecer plazos máximos de clasificación (25 años para secretos y 10 para reservados) y limitar las prórrogas excepcionales. También atribuye al Consejo de Ministros la facultad exclusiva de clasificar o cancelar materias secretas y adapta la terminología a las instituciones actuales.

Modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para introducir cambios en su funcionamiento y organización. Afecta a aspectos como la composición, los plazos o los procedimientos que sigue este órgano.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir cambios en la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales en España.

Modifica la Ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Ley Orgánica de control judicial previo del CNI para actualizar sus funciones y procedimientos de supervisión.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir cambios en la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales en España.

Modifica la normativa hidrológica para garantizar la continuidad del trasvase de agua desde el río Tajo al río Segura, asegurando que se mantengan los volúmenes y criterios de explotación establecidos en el Real Decreto 773/2014. La ley busca proteger el suministro de agua a la Región de Murcia y el Levante español, evitando recortes en el caudal trasvasado.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que los magistrados de las salas de lo Civil y Penal sean elegidos directamente por el Consejo General del Poder Judicial, basándose únicamente en méritos y capacidad, eliminando la propuesta en terna de las Asambleas Legislativas autonómicas.

Modifica la normativa para asegurar que los municipios en riesgo de exclusión financiera mantengan al menos un cajero automático operativo y garanticen el acceso a servicios bancarios básicos. La ley define criterios para identificar estos municipios y establece obligaciones para las entidades financieras.

Modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer que la custodia compartida de los hijos sea el régimen preferente en casos de separación o divorcio, incluso sin acuerdo entre los progenitores. También permite tramitar separaciones y divorcios de mutuo acuerdo ante un notario o funcionario judicial cuando haya un acuerdo de custodia compartida.