Crea una ley orgánica para regular las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas con inteligencia artificial, estableciendo normas sobre su creación, difusión y uso para proteger los derechos al honor, la propia imagen y la intimidad. Incluye obligaciones de transparencia, como etiquetar claramente los contenidos generados artificialmente, y medidas para evitar su uso malintencionado, especialmente en ámbitos como la publicidad política o la desinformación.