Crea una ley para asegurar que todos los municipios sin cajero automático tengan acceso a este servicio, ya sea mediante instalación voluntaria de los bancos o, si no es posible, con instalación obligatoria por parte de la Administración. Si no hay otra opción, se podrán usar cajeros móviles. Las entidades bancarias financiarán un fondo para cubrir los costes cuando sea necesario.