Leyes

Modifica la Ley de Bases del Régimen Local para impedir que personas en situación de ocupación ilegal de viviendas o en situación de inmigración ilegal puedan empadronarse en un municipio. En el caso de ocupaciones, exige presentar un título legal sobre la vivienda o autorización del propietario para inscribirse, y anula automáticamente las inscripciones sin estos requisitos. Para inmigrantes en situación irregular, se registrará expresamente su condición en el padrón.

Modifica la normativa para endurecer las penas por daños al Patrimonio Histórico, incluyendo multas más altas y posibles penas de prisión. También establece medidas para prevenir estos actos, como mayor vigilancia en zonas protegidas.

Establece medidas de apoyo al sector agroalimentario español, como ayudas económicas temporales para explotaciones en crisis, reducción temporal del IVA en insumos clave y refuerzo de los seguros agrarios para cubrir riesgos climáticos y de mercado. También propone crear reservas estratégicas de alimentos y sistemas de seguimiento para anticipar crisis en la cadena alimentaria.

Modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para reconocer automáticamente un grado mínimo de discapacidad (33%) a quienes tengan reconocida situación de dependencia, evitando trámites adicionales.

Modifica la legislación para regular el consumo, cultivo y venta de cannabis entre adultos mayores de 18 años, estableciendo controles sobre su producción, distribución y publicidad. Incluye medidas para prevenir el acceso a menores y regular los espacios de consumo.

Reconoce personalidad jurídica a Doñana y su zona de protección, permitiendo que puedan ser titulares de derechos y obligaciones como si fueran una entidad legal. Esto incluye gestionar su conservación y defensa a través de representantes designados.

Modifica la normativa laboral para mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a la protección por desempleo de los trabajadores agrarios por cuenta ajena y eventuales en Andalucía y Extremadura. Incluye medidas específicas para este sector en esas comunidades autónomas.

Modifica la normativa para establecer un marco legal común sobre salud mental en todo el país, definiendo derechos de los pacientes, obligaciones de las administraciones y protocolos de atención. Incluye medidas para mejorar la prevención, el acceso a tratamientos y la coordinación entre servicios sanitarios y sociales.

Modifica la normativa fiscal para crear un nuevo impuesto que grava a las personas con grandes fortunas, aplicándose por poseer, usar o disfrutar bienes o derechos de alto valor. Se dirige específicamente a quienes superan un umbral patrimonial elevado.

Modifica la normativa hipotecaria para reducir temporalmente el diferencial aplicable a las hipotecas a tipo variable de viviendas habituales cuando el titular se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Modifica la normativa de préstamos hipotecarios para facilitar que los clientes puedan cambiar su hipoteca de interés variable a interés fijo, ya sea con el mismo banco o con otro. Simplifica los trámites y condiciones para este cambio.

Modifica la prestación por cuidado de hijos enfermos para ampliar su acceso: elimina el requisito de hospitalización, suprime el límite de edad del enfermo y permite que ambos padres reduzcan su jornada laboral de forma prorrateada para atender al cuidado. Incluye en el derecho a la prestación a hijos biológicos, adoptivos o bajo tutela/acogimiento permanente.

Modifica la Ley Electoral General para adaptar las elecciones al Parlamento Europeo a los cambios en la normativa de la Unión Europea. Incluye ajustes en el sistema de reparto de escaños y en los requisitos para presentar candidaturas.

Establece un marco legal para mejorar la atención integral de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), modificando leyes sobre dependencia, discapacidad, sanidad, consumo e investigación. Incluye medidas concretas para agilizar diagnósticos, mejorar tratamientos, garantizar acceso equitativo a tecnologías y reforzar la investigación.

Modifica la Ley 49/2002 para aumentar los incentivos fiscales al mecenazgo, elevando del 35% al 50% la deducción para personas físicas y jurídicas, y del 40% al 60% en casos de fidelización. También amplía la lista de actividades exentas en el Impuesto sobre Sociedades, incluyendo la inserción laboral, educación de altas capacidades e innovación.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que los miembros del Consejo General del Poder Judicial dejen de ejercer todas sus funciones de forma inmediata al terminar su mandato, sin prórroga ni continuidad.

Modifica la legislación para exigir que los órganos de representación pública (como gobiernos, parlamentos o consejos) tengan un número igual o cercano de mujeres y hombres. Establece porcentajes mínimos para garantizar la paridad en la composición de estos órganos.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estableciendo que los candidatos no podrán haber sido miembros de partidos políticos, cargos electos o altos cargos públicos en los cuatro años previos a su designación.

Modifica la Ley de Nacionalidad para permitir que las personas saharauis nacidas durante el periodo de administración española en el Sáhara Occidental puedan obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Crea una ley para asegurar que todos los municipios sin cajero automático tengan acceso a este servicio, ya sea mediante instalación voluntaria de los bancos o, si no es posible, con instalación obligatoria por parte de la Administración. Si no hay otra opción, se podrán usar cajeros móviles. Las entidades bancarias financiarán un fondo para cubrir los costes cuando sea necesario.

Modifica la normativa para asegurar que los municipios en riesgo de exclusión financiera mantengan al menos un cajero automático operativo, garantizando el acceso básico a servicios bancarios para la población.

Modifica la normativa para garantizar una atención integral (sanitaria, social y de apoyo) a personas con ELA y otras en situación de gran dependencia. Incluye medidas para mejorar su calidad de vida y acceso a recursos.

Crea una amnistía para los delitos y responsabilidades administrativas vinculados al proceso independentista catalán entre 2012 y 2023, incluyendo actos preparatorios, protestas y apoyo a los responsables. La ley busca superar tensiones políticas y sociales, garantizando la convivencia y estabilidad en Cataluña y en el conjunto de España.

Modifica la Ley del IVA para cambiar cómo se calcula la base imponible en ciertas operaciones, ajustando el apartado Uno, punto 2, del artículo 91 de la Ley 37/1992. Se aplica a los casos específicos que regula ese punto.

Modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos para prohibir a los partidos que promuevan la independencia de territorios españoles y permitir su disolución si incumplen este principio. También reforma el Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales sobre la unidad de España y reintroduce el delito de sedición.

Modifica el Código Penal y la legislación penitenciaria para reconocer los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad (sin plazo de prescripción), condicionar los beneficios penitenciarios a la colaboración con la justicia y crear una comisión que revise los casos sin resolver, garantizando su investigación actualizada y el acceso a la verdad para las víctimas.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la aplicación de la jurisdicción universal en España, permitiendo investigar y juzgar crímenes graves como genocidio o crímenes de guerra cometidos en el extranjero, incluso si no afectan directamente a víctimas o intereses españoles.

Modifica la Ley de Bases del Régimen Local para establecer que la denominación oficial de los municipios en España debe hacerse siempre en español, sin que pueda usarse exclusivamente la lengua cooficial de la comunidad autónoma.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para cambiar las reglas sobre la prioridad aplicable en los convenios colectivos cuando hay conflictos entre normas de distinto nivel. Afecta a empresas y trabajadores sujetos a convenios.

Modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para introducir cambios en aspectos como las prestaciones por desempleo, la jubilación o las cotizaciones. Afecta a trabajadores, pensionistas y empresas en sus obligaciones con la Seguridad Social.