Modifica la Ley Orgánica de Educación para garantizar que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se decida siempre en función de su interés superior, sin condicionar la decisión a la preferencia de las familias. También amplía la edad máxima de permanencia en el sistema educativo hasta los 21 años para este alumnado y deroga la disposición que limita los centros de educación especial a casos de atención "muy especializada".