Ley para regular compra de viviendas y alquileres con más protección social
Esta ley da herramientas a los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por parte de inversores o fondos, priorizando que sean para uso habitual. También grava con más impuestos las ventas rápidas de pisos (en menos de dos años), regula los alquileres turísticos y obliga a los grandes propietarios a destinar parte de sus viviendas a alquiler social. Además, alarga los contratos de alquiler (hasta 10 años) y congela o reduce precios en zonas con alta demanda.
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Caducó cuando se disolvieron las Cortes para convocar elecciones (6 de octubre de 2026): las iniciativas que no habían terminado su tramitación decaen. Si alguien quiere sacarla adelante, tendrá que volver a presentarla en la nueva legislatura.