Reforma el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para actualizar sus normas y competencias, reforzando los derechos sociales, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la despoblación. Incluye nuevas competencias en áreas como inteligencia artificial y cambio climático, y regula la financiación autonómica para garantizar servicios públicos.
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