Votaciones

Modifica la normativa para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúe como coordinador de los servicios digitales en España, centralizando funciones relacionadas con la regulación y supervisión de estos mercados.

Modifica el Código Penal para aumentar la pena por conducir a velocidad excesiva (más de 80 km/h en vías urbanas o 60 km/h en el resto). La multa será de 6 meses a 2 años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del carnet.

Modifica la normativa para exigir que todas las políticas públicas incluyan un informe que analice su impacto en la juventud antes de ser aprobadas. Este informe deberá evaluar cómo afectan a este grupo de edad en áreas como empleo, educación o vivienda.

Modifica la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para establecer que el programa de cribado neonatal (prueba del talón) se evalúe al menos cada dos años, garantizando su actualización, equidad territorial y efectividad clínica. Además, obliga a revisar en un año las enfermedades incluidas en la cartera común de servicios para incorporar aquellas que cumplan criterios científicos y de coste-efectividad.

Modifica la Ley de Seguridad Vial para aumentar la sanción por ocupar plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. La infracción pasaría de considerarse "grave" a "muy grave", con multa de 500 euros (250 euros con pronto pago).

Modifica la normativa para permitir el voto telemático en las reuniones de los órganos de gobierno de los ayuntamientos y otras administraciones locales, siempre que se garantice la identidad del votante y la seguridad del proceso.

Modifica la normativa laboral para endurecer las sanciones por incumplir la cuota del 2% de reserva de empleo para personas con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores. También prohíbe acceder a subvenciones públicas a las empresas sancionadas por este incumplimiento.

Modifica el Código Penal para prohibir y sancionar las terapias de conversión que buscan cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona. Las penas incluyen multas e incluso prisión en casos graves.

Modifica la Ley Orgánica del Sistema Universitario para introducir cambios en su estructura y funcionamiento. Afecta a universidades, estudiantes y personal docente e investigador.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para regular las mutualidades alternativas que ya existían en las disposiciones adicionales 18ª y 19ª. Establece las condiciones y requisitos que deben cumplir estas entidades para operar dentro del sistema de Seguridad Social.

Modifica la Ley 1/2005 para actualizar el sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ajustando los mecanismos de asignación, control y sanciones aplicables. La reforma busca adaptar el régimen a los nuevos objetivos climáticos y normativas europeas.

Modifica la normativa de tráfico para bajar el límite máximo de alcohol en sangre permitido al conducir y prohíbe publicar en redes sociales la ubicación de los controles policiales de alcoholemia.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores para prohibir la *reduflación* (reducción del tamaño o cantidad de un producto manteniendo o subiendo su precio) y reforzar la protección a los consumidores en estos casos. Obliga a las empresas a informar claramente sobre cambios en el tamaño, peso o cantidad de los productos.

Modifica la normativa para regular el derecho a dejar por escrito instrucciones sobre los tratamientos médicos que se desean o no recibir en caso de no poder decidir en el futuro. Estas instrucciones, llamadas voluntades anticipadas o testamento vital, serán vinculantes para los médicos.

Modifica las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos para incluir en las facturas, contratos y webs de las empresas de luz y gas información clara sobre cómo resolver conflictos con los clientes, como la mediación o arbitraje en consumo.

Modifica la Ley Orgánica del Derecho de Asociación para actualizar los requisitos de inscripción y funcionamiento de las asociaciones, incluyendo nuevas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Modifica la Ley General Penitenciaria para reconocer legalmente a los funcionarios de prisiones como **agentes de la autoridad**, lo que refuerza su seguridad jurídica y da valor probatorio a sus informes en procedimientos disciplinarios. Además, establece garantías para que estos funcionarios no compartan espacio con otros reclusos si son ingresados en prisión y obliga a la Administración a indemnizarles por daños sufridos en el ejercicio de su trabajo, salvo dolo o negligencia grave.

Modifica la normativa sobre trasplantes para reforzar los derechos y garantías de las personas que donan órganos o tejidos en vida, como médula ósea o riñón, antes de un trasplante. Establece condiciones más claras para proteger su salud, información y seguimiento médico durante y después del proceso.