Leyes

Modifica el Código Penal para tipificar como delito la práctica de terapias de conversión con el fin de cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Incluye medidas para proteger y asistir a las víctimas de estas prácticas.

Modifica la normativa fiscal para crear un impuesto temporal que grava los beneficios extraordinarios de las grandes empresas cotizadas en bolsa. Se aplica solo a aquellas con mayor capitalización y durante un período limitado.

Modifica el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para actualizar su normativa. Incluye cambios en la regulación de los puertos y la actividad marítima.

Modifica el Código Penal para aumentar las penas por el delito de matrimonio forzado, considerándolo un agravante específico dentro de los delitos contra la libertad sexual.

Modifica el Código Penal para incluir como delito el transporte y almacenamiento de combustibles líquidos que se destinen específicamente al narcotráfico.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para actualizar las normas sobre contratos de alquiler de viviendas y locales, incluyendo cambios en plazos, fianzas y condiciones de actualización de rentas.

Modifica la Ley de Propiedad Horizontal para permitir que las juntas de propietarios se celebren por videoconferencia si así lo aprueba la comunidad o lo recogen los estatutos, y para introducir el Libro de Actas Digital y el uso de un domicilio electrónico en las comunicaciones entre propietarios.

Modifica la fiscalidad para reducir el IVA de alimentos básicos al 2% y el de la electricidad y gas al 10% durante 2025, además de eliminar el impuesto a la generación eléctrica. También ajusta el IRPF para evitar la "progresividad en frío" que reduce el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas.

Modifica la Ley del Ingreso Mínimo Vital para incluir un régimen jurídico específico para las ayudas de emergencia social. Establece normas comunes sobre cómo se gestionan, solicitan y otorgan estas ayudas adicionales.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 35 horas semanales, garantizar el registro diario de la jornada y reforzar el derecho a la desconexión digital. También limita la distribución irregular de la jornada anual al 10% y prohíbe que la reducción afecte a salarios o derechos adquiridos.

Modifica la normativa de contratación pública para permitir que los precios de los contratos del sector público se actualicen periódicamente, ajustándose a la inflación u otras variaciones económicas. Se aplica a los nuevos contratos y, en su caso, a los ya vigentes según lo que establezca la ley.

Modifica normas económicas, de transporte y de Seguridad Social para introducir medidas urgentes, incluyendo ayudas a situaciones de vulnerabilidad. Se aplica desde su entrada en vigor, al tratarse de un proyecto derivado de un real decreto-leyNorma con fuerza de ley dictada por el Gobierno por urgencia. El Congreso debe convalidarla o derogarla en 30 días..

Modifica la Ley del IRPF para eximir de tributación a los trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional o hasta 5.000 euros más, evitando que paguen impuestos por sus rentas del trabajo. También ajusta las retenciones en nómina para aplicar esta exención directamente.

Modifica la Ley del IRPF para subir el límite exento de tributación al Salario Mínimo Interprofesional, de modo que los trabajadores que cobren el SMI no paguen impuestos por ese ingreso. También ajusta las retenciones para evitar que quienes ganen ligeramente más que el SMI sufran un aumento brusco en su cuota fiscal.

Modifica la Ley del IRPF para ajustar deducciones y tipos impositivos, y cambia aspectos de los impuestos de Sociedades, Renta de no Residentes y Patrimonio. Se aplica a partir de su entrada en vigor.

Establece ayudas económicas inmediatas, facilita condiciones en transporte (como descuentos o bonificaciones), ajusta prestaciones de la Seguridad Social y crea medidas para proteger a personas en riesgo de exclusión social. Se aplica en sectores clave como empleo, movilidad y protección social.

Modifica el Código Penal Militar para limitar su aplicación a los guardias civiles solo cuando están en servicio activo. Excluye expresamente su uso para hechos ocurridos fuera de servicio o sin condición militar activa.

Modifica la normativa para regular y hacer públicas las actividades de los grupos de interés (como lobbies) que influyen en la toma de decisiones públicas. Obliga a inscribirlos en un registro oficial y a declarar sus reuniones con autoridades.

Establece medidas específicas en el sector del transporte, como la prórroga de bonificaciones en el transporte público y un nuevo sistema de ayudas para el segundo semestre de 2025, además de subvenciones a administraciones, ciudadanos y empresas.

Modifica la normativa para establecer ayudas económicas y fiscales a las personas y zonas afectadas por la DANA (gota fría), incluyendo bonificaciones en impuestos y subvenciones directas. También regula procedimientos administrativos ágiles para agilizar la concesión de estas ayudas.

Modifica la normativa de pensiones para actualizar su cuantía en 2025 según la inflación prevista, garantizando que las pensiones mantengan su poder adquisitivo. Se aplica a todos los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para permitir compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación con el trabajo, facilitando que los pensionistas puedan seguir activos sin perder su prestación.

Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente y aumentar las penas por este delito. Incluye medidas para proteger a los propietarios afectados y facilitar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Modifica la organización judicial para asegurar que los tribunales especializados en violencia sobre la mujer (secciones de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) funcionen con personal suficiente y jueces con formación específica en esta materia.

Establece procedimientos más rápidos para gestionar emergencias como las causadas por la DANA de octubre de 2024, agilizando la respuesta de las administraciones públicas.

Modifica la legislación para proteger los derechos fundamentales de quienes sufren acoso por demandas judiciales consideradas abusivas. Establece mecanismos para identificar y frenar estas prácticas, garantizando el acceso a la justicia sin intimidaciones.

Modifica normas económicas, fiscales, de transporte y Seguridad Social para adoptar medidas urgentes y prorrogar otras ya existentes que buscan hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.

Establece un impuesto temporal para el sector energético que se aplicará durante el año 2025. El gravamen afecta a empresas del ámbito energético según lo que determine la normativa.

Modifica la normativa de pensiones para permitir que los jubilados puedan trabajar y cobrar su pensión al mismo tiempo sin que se reduzca su importe. Se aplica a partir del 1 de enero de 2025.

Modifica el Código Penal para endurecer las penas y ampliar las medidas contra el narcotráfico, incluyendo nuevos supuestos de delitos relacionados con la producción, distribución y financiación de estas actividades.