Pide al Gobierno y a las comunidades autónomas que: - Aproben una ley que garantice que las viviendas protegidas (en suelo público o privado) mantengan siempre su condición de protegidas, sin poder perderla. - Prohíban vender los pisos públicos de vivienda protegida, salvo a otras administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro que los usen para fines sociales. - Que las autonomías destinen a vivienda pública al menos el mismo dinero que recibe del Estado para ese fin. - Que se aumente urgentemente el parque de vivienda social con plazos y objetivos claros.