Pide al Gobierno que: 1. Revise las normas que regulan la Incapacidad Permanente para permitir su compatibilidad con el trabajo, evitando que perder la pensión sea un obstáculo para mantener el empleo. 2. Ajuste la normativa según el Pacto de Toledo y la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad, priorizando su inclusión laboral y autonomía. 3. Desarrolle reglamentariamente la disposición transitoria vigesimosexta de la Ley General de discapacidad para clarificar estos supuestos.