Modifica la normativa sobre vivienda para que la Sareb y otras entidades vinculadas al rescate bancario destinen parte de sus activos inmobiliarios a alquiler social o vivienda pública, priorizando familias en riesgo de exclusión. También refuerza los mecanismos para que la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos puedan adquirir viviendas en subastas hipotecarias y aumentar el parque de alquiler asequible.