Modifica la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana para reforzar las garantías de los derechos fundamentales, especialmente en identificaciones policiales, registros y manifestaciones. Incluye medidas como reducir el tiempo máximo de traslado para identificación a 2 horas (6 en casos excepcionales), prohibir registros en domicilios sin justificación legal, y proteger el derecho de reunión incluso si no se comunica previamente. También introduce reducciones en sanciones económicas según los ingresos del infractor y prioriza la conciliación en infracciones menores.