Proposición de Ley para la mejora de la atención a los ciudadanos por parte de las Administraciones públicas.

Modifica la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común para reducir las barreras en la atención presencial a los ciudadanos, especialmente en trámites con demoras como homologación de títulos o valoración de discapacidad, y flexibiliza la obligatoriedad de usar medios electrónicos para grupos vulnerables.

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