Modifica el estatuto de los ex presidentes del Gobierno para endurecer las incompatibilidades laborales tras dejar el cargo. Amplía de 2 a 10 años el plazo en el que no pueden trabajar en sectores estratégicos relacionados con su gestión anterior, prohíbe que usen recursos públicos (oficinas, personal) para actividades privadas y suspende sus pensiones si aceptan empleos lucrativos en el sector privado.