Las votaciones que hacen o cambian leyes.
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Modifica la Ley Orgánica 4/2015 para cambiar su nombre a 'Ley Orgánica de Protección de las Libertades y la Seguridad Ciudadana', incorpora la lengua cooficial en el DNI si la persona la tiene, permite entrar en domicilios privados sin orden judicial para salvar animales en casos de catástrofe, reduce el tiempo máximo de traslado a dependencias policiales para identificación a 2 horas (6 horas excepcionales) y prohíbe sancionar a organizadores de manifestaciones que cumplan con los requisitos legales. Además, reduce las multas leves de 600€ a 500€, las graves de 601-30.000€ a 25-25.000€, aplica reducciones del 25% o 50% según ingresos del infractor y elimina sanciones por manifestaciones frente a sedes legislativas, así como reduce a leve la sanción por tenencia de drogas tóxicas.
Si eres mujer: Si participas en una manifestación, el texto prohíbe impedirla por falta de aviso previo.
Si eres LGTBI+: Si participas en una manifestación, el texto prohíbe impedirla por falta de aviso previo.
Modifica la Ley 16/1985 para tipificar como infracciones graves los daños por imprudencia o riesgo doloso a bienes muebles protegidos, con multas de hasta 60.101,21 €. Establece multas de hasta 150.253,03 € para infracciones muy graves y permite restringir el acceso temporal a archivos, bibliotecas y museos estatales a personas sancionadas por vandalismo.
Como consumidor/a: Si visitas archivos, bibliotecas o museos estatales, podrías ser multado con hasta 60.101,21 € por dañar bienes protegidos por imprudencia o riesgo doloso.
Reforma la Ley de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa para crear la figura del embargo como prohibición automática e indefinida de vender, exportar o financiar armas y material de defensa a Estados acusados de crímenes de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra ante tribunales internacionales. Obliga a declarar el embargo en 15 días naturales tras la demanda y prohíbe cualquier operación relacionada con esos Estados, incluyendo la revocación de autorizaciones previas sin posibilidad de recurso.
Modifica el Código Penal para crear un nuevo delito de acoso o intimidación a personas vulnerables con el fin de desalojarlas de su vivienda y obtener un beneficio económico, castigado con 1 a 4 años de prisión. También declara ilícitas las organizaciones que promuevan estas conductas y aclara que las penas se sumarán a las de otros delitos cometidos. La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Como consumidor/a: Si eres víctima de coacciones o intimidación por grupos que actúen como policías privados sin autorización, el texto establece penas para sus responsables.
Exime del pago del IRPF las ayudas económicas, pensiones o ganancias patrimoniales recibidas por personas afectadas por la talidomida según el Real Decreto 574/2023, incluyendo efectos retroactivos. La medida entra en vigor el 1 de enero de 2025.
Si tienes una discapacidad: Si tienes reconocida la condición de afectado por talidomida según el Real Decreto 574/2023, las ayudas económicas, pensiones o ganancias patrimoniales que recibas estarán exentas de IRPF desde el 1 de enero de 2025, incluso con efectos retroactivos.
Crea una Fiscalía Especial para investigar los casos de bebés robados, obliga a administraciones, hospitales y archivos a facilitar documentos sobre nacimientos y adopciones, y establece un Banco Único de ADN estatal y gratuito para identificar a las víctimas. También reconoce su derecho a conocer su identidad biológica y a restaurar su filiación si lo desean, además de crear un Archivo Estatal y una Comisión para gestionar las búsquedas y asistencia.
Si eres joven: Si naciste entre 1936 y la democracia y sospechas que fuiste víctima de sustracción ilegal, el Estado debe garantizar tu derecho a la identidad y buscar tu origen.
Si tienes hijos: Si tienes un hijo o hija desaparecido en circunstancias sospechosas entre 1936 y la democracia, el Estado debe investigar su caso y facilitarte acceso a archivos.
Modifica el Código Penal para ampliar los casos de legítima defensa en allanamientos o intrusiones en domicilios o locales comerciales. Establece que se presumirá la necesidad racional del medio empleado en estos casos, siempre que no haya provocación previa del defensor. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Si vives de alquiler: Si vives de alquiler, el texto presume que tu reacción ante una intrusión ilegal en la vivienda alquilada fue proporcionada.
Si tienes una vivienda en propiedad: Si eres propietario de una vivienda, el texto presume que tu reacción ante una intrusión ilegal en tu hogar fue proporcionada.
Esta propuesta también se presentó otra vez:
Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar las competencias de la Audiencia Nacional, asignándole el enjuiciamiento de delitos graves de narcotráfico, blanqueo de capitales vinculado a estos, trata y tráfico de personas cuando sean cometidos por organizaciones criminales, incluso si no son pluriprovinciales o transnacionales. También unifica en la Audiencia Nacional la competencia sobre delitos de terrorismo y sus delitos conexos.
Reforma el sistema de acceso a la carrera judicial: se ingresará en la Escuela Judicial por expediente académico y prueba psicotécnica, en lugar de por oposición memorística. Incluye dos años de formación con evaluaciones, prácticas tuteladas y un concurso-oposición final con becas económicas según la situación socioeconómica.
Si trabajas en la administración: Si aspiras a ser juez o magistrado, el texto sustituye la oposición por un sistema de formación continua y pruebas prácticas en la Escuela Judicial.
Crea un Consejo del Derecho a la Información (CDI) con 50 miembros elegidos por voto para supervisar el derecho a la información veraz y combatir la desinformación. Establece límites a la concentración de medios (entre el 10% y 25% de audiencia según ámbitos) y exige transparencia a los medios con audiencia superior al 15% (estatal) o 20% (autonómico). Incluye un régimen sancionador con multas de 1.000 a 600.000 euros por infracciones como desinformación o ocultación de propiedad.
Como consumidor/a: Si consumes información de medios, la ley establece que estos deben garantizar veracidad y transparencia en sus contenidos, supervisados por un organismo público.
Establece normas para que los medios de comunicación y las plataformas digitales aseguren que la información que difunden sea veraz. Obliga a identificar fuentes y corregir bulos, con sanciones si no se cumple.
Si tienes una empresa: Si diriges un medio de comunicación o plataforma digital, debes identificar fuentes y corregir bulos, con sanciones por incumplimiento.
Como consumidor/a: Si usas medios de comunicación o plataformas digitales, estas deben corregir bulos y garantizar información veraz según la ley.
Crea un registro público donde deben figurar los intereses económicos de dueños, directivos y presentadores de programas informativos o de actualidad política de medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y digital). Obliga a declarar participaciones en empresas y contratos con administraciones públicas, actualizando los datos de forma inmediata si hay cambios. Afecta a quienes posean al menos el 10% de la titularidad del medio.
Modifica la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones, equiparando su protección legal a la de las autoridades públicas. Además, establece que sus informes tendrán presunción de veracidad en procesos judiciales o administrativos y que los delitos contra ellos se considerarán como atentados contra la autoridad. También obliga a separar a estos funcionarios de otros reclusos si son detenidos o ingresan en prisión y exige formación específica antes de iniciar su actividad profesional.
Si trabajas en la administración: Si eres funcionario penitenciario, el texto te reconoce como agente de la autoridad y presume veracidad en tus informes en procesos judiciales o administrativos.
Modifica el Código Penal para endurecer las penas en casos de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa. Incluye delitos leves en la definición de reincidencia y prohíbe la suspensión de penas por primera vez si hay antecedentes previos. Aumenta las penas de prisión según el número de delitos y agrava los casos que afecten a dispositivos electrónicos con datos personales.
Aumenta las penas para quienes cometan repetidamente delitos de robo o estafa. Se aplica cuando una persona ya ha sido condenada varias veces por estos delitos.
Aumenta las penas para quienes cometan repetidamente delitos de hurto o estafa. Se aplica cuando una persona ya ha sido condenada varias veces por estos mismos delitos.
Crea una nueva oficina pública encargada de prevenir y detectar casos de corrupción en las administraciones. Tendrá funciones de investigación, asesoramiento y formación para evitar prácticas corruptas.
Si trabajas en la administración: Si eres personal de las administraciones públicas, la oficina podrá investigar posibles irregularidades en tu ámbito laboral.
Modifica el Código Penal para hacer imprescriptibles los delitos contra la libertad sexual contra menores de edad con penas de prisión superiores a 5 años. Para el resto de delitos sexuales contra menores, el plazo de prescripción comienza cuando la víctima cumpla 45 años.
Si eres joven: Si eres menor de edad, los delitos sexuales graves contra ti no prescribirán nunca y los demás podrán denunciarse hasta que cumplas 45 años.
Esta propuesta también se presentó otra vez:
Modifica la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones, equiparando su protección legal a la de otros cuerpos de seguridad. Además, establece que los informes que emitan tendrán presunción de veracidad en procesos judiciales o administrativos y que los delitos contra ellos en acto de servicio se considerarán contra la autoridad. También garantiza que, si son detenidos o ingresan en prisión, no compartan espacio con otros reclusos.
Si trabajas en la administración: Si eres funcionario de prisiones, el texto te reconoce como agente de la autoridad durante tu trabajo, con las mismas protecciones legales que policías o guardias civiles.
Modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar el plazo máximo de la fase de instrucción penal a 12 meses, con posibilidad de prórrogas anuales motivadas. Establece que las diligencias acordadas antes de vencer el plazo son válidas, incluso si se reciben después, e invalida las realizadas tras su vencimiento sin resolución judicial. Obliga al juez a cerrar el sumario al finalizar el plazo o sus prórrogas.
Crea una nueva oficina pública encargada de prevenir y detectar casos de corrupción en las administraciones. Tendrá funciones de investigación, asesoramiento y formación para evitar prácticas corruptas.
Reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad durante su trabajo, equiparándolos a las fuerzas de seguridad. Establece que sus informes o denuncias se presumen verdaderos salvo prueba en contrario y obliga a la Administración a indemnizarles por daños sufridos en acto de servicio.
Si trabajas en la administración: Si eres funcionario de prisiones, el texto te reconoce como agente de la autoridad durante tu trabajo y establece indemnizaciones por daños sufridos.
Modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de propietarios a hacer obras de accesibilidad (como rampas o ascensores) si el coste no supera 12 cuotas mensuales de gastos comunes, incluso sin acuerdo previo. Permite a personas con discapacidad o mayores de 70 años pedir estas obras en su vivienda o local sin necesidad de aprobación de los demás copropietarios.
Si tienes una vivienda en propiedad: Si eres propietario de una vivienda en una comunidad de vecinos, las obras de accesibilidad pequeñas (hasta 12 meses de gastos comunes) serán obligatorias sin votación.
Si tienes una discapacidad: Si tienes discapacidad, las obras de accesibilidad en tu edificio podrán aprobarse con menos votos en segunda convocatoria y serán obligatorias si no superan 12 meses de gastos comunes.
Modifica el Código Penal para prohibir todo tipo de proxenetismo, incluso con consentimiento de la víctima, y perseguir de oficio los delitos de trata sin necesidad de denuncia. Establece derechos para las víctimas como asistencia jurídica gratuita, inserción laboral y protección social, y prohíbe la publicidad que fomente la explotación sexual.
Si eres joven: Si eres menor de edad víctima de trata, el texto establece medidas específicas de identificación, protección y reinserción social y laboral.
Si eres mujer: Si eres mujer víctima de trata, el texto establece derechos a protección y asistencia integral sin necesidad de colaborar con las autoridades.
Esta ley refuerza la protección a las víctimas de violencia sexual eliminando la posibilidad de reducir penas por pagar una indemnización económica. Además, obliga a especializar a jueces, fiscales y abogados en estos delitos y garantiza asistencia jurídica gratuita para las víctimas, como ya ocurre con otros delitos graves.
Si eres mujer: Si eres víctima de violencia sexual, el texto elimina la reducción de pena por pagar indemnización y garantiza asistencia jurídica gratuita.
Modifica la legislación para prohibir los perfiles raciales sin justificación por parte de administraciones y fuerzas de seguridad, sancionando estas prácticas. Obliga a recopilar datos estadísticos sobre origen étnico con consentimiento explícito para evaluar el racismo estructural. Incluye medidas de acción positiva temporal para mejorar la representación en política, judicatura, empleo público y grandes empresas.
Si estudias: Si estudias en España, el texto prohíbe la segregación escolar por motivos raciales en tu centro educativo.
Si eres migrante: Si eres migrante en España, el texto prohíbe tu expulsión si eres víctima de un delito de odio, aunque no tengas papeles.
Como consumidor/a: Si sufres discriminación racial al acceder a bienes o servicios, el texto establece sanciones para quien te discrimine.
Modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para impedir que puedan presentarse a elecciones quienes tengan orden de detención por delitos graves, estén investigados o acusados por esos delitos y huyan de la justicia, o incumplan obligaciones judiciales en esos casos.
Modifica el Código Penal para incluir nuevos delitos o cambiar penas y condiciones de otros ya existentes. Afecta a cómo se juzgan y castigan ciertos comportamientos ilegales.
Regula el consumo, cultivo y venta de cannabis para adultos, permitiendo el autocultivo (hasta 2 plantas por persona y 5 convivientes), clubes sociales con licencia y dispensarios autorizados. Prohíbe su consumo en espacios públicos y en presencia de menores, con multas de 600 a 30.000 euros, y crea la Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC) para supervisar el mercado. Establece impuestos progresivos según el THC y uso, limita la publicidad y exige energías renovables en cultivos de interior de más de 100 kW.
Si tienes una vivienda en propiedad: Si cultivas cannabis en tu vivienda, el texto permite el autocultivo para uso personal con límites establecidos por la ley.
Como consumidor/a: Si consumes cannabis, el texto permite su compra, tenencia y consumo para mayores de 18 años en un mercado regulado.
La mayoría de votaciones del pleno no crean ley: son proposiciones no de ley, mociones e interpelaciones. No cambian la ley, pero muestran la posición de los grupos y lo que quieren impulsar. Útiles para entender cómo piensan.