Prohíbe productos de asentamientos ilegales con penas de prisión

Prohíbe la importación, exportación o comercialización de productos de asentamientos ilegales en territorios ocupados, con penas de prisión de 5 a 10 años para las empresas implicadas. Incluye estos productos como nuevo supuesto de delito en la Ley de Represión del Contrabando, con multas del tanto al séxtuplo de su valor. Impide a empresas vinculadas a estos asentamientos contratar con el sector público, recibir subvenciones o firmar convenios con entes públicos.

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