Votaciones

Crea un consorcio público entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña para gestionar de forma conjunta las inversiones en infraestructuras de titularidad estatal en Cataluña, con el objetivo de agilizar su planificación, ejecución y mantenimiento. El consorcio elaborará un plan plurianual de inversiones y podrá encomendar la ejecución de obras a una sociedad mercantil participada por ambas administraciones.