Votaciones

Modifica la Ley 16/1983 para reforzar las competencias del Instituto de la Mujer, incluyendo asistencia integral a víctimas, supervisión de la no discriminación en inteligencia artificial y emisión de informes en procesos judiciales. También actualiza leyes procesales para ampliar su capacidad de litigar en defensa de intereses colectivos y adaptar su estructura de gobierno.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —y no el Gobierno— quien designe las candidaturas españolas a jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a jueces o abogados generales del Tribunal de Justicia de la UE. El proceso deberá seguir criterios de transparencia, mérito y publicidad, alineándose con los estándares internacionales exigidos.

Modifica el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para que la declaración de desamparo de un menor y la asunción de su tutela por parte de la administración se decidan siempre por un juez, no por vía administrativa. Además, prioriza que los menores en desamparo sean reintegrados en su familia de origen o, en su defecto, en la familia extensa, siempre que sea lo mejor para el menor.

Crea un consorcio público entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña para gestionar de forma conjunta las inversiones en infraestructuras de titularidad estatal en Cataluña, con el objetivo de agilizar su planificación, ejecución y mantenimiento. El consorcio elaborará un plan plurianual de inversiones y podrá encomendar la ejecución de obras a una sociedad mercantil participada por ambas administraciones.

Modifica la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida para permitir que las mujeres puedan decidir libremente sobre la crioconservación de sus ovocitos durante toda su vida, eliminando requisitos médicos previos y ampliando las opciones de destino de estos ovocitos. También actualiza el consentimiento informado para preembriones, eliminando la referencia a "casada con un hombre".

Modifica leyes administrativas y procesales para dar más seguridad jurídica en temas de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Incluye medidas para agilizar el desarrollo urbano y facilitar el acceso a la vivienda.

Modifica la normativa para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúe como coordinador de los servicios digitales en España, centralizando funciones relacionadas con la regulación y supervisión de estos mercados.

Modifica la legislación para regular el uso de velos integrales en espacios públicos y transfiere a Cataluña competencias estatales en seguridad e identificación de personas.