Votaciones

Modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para actualizar su funcionamiento y competencias, incluyendo cambios en los plazos y procedimientos para resolver recursos de inconstitucionalidad.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para delimitar las competencias de la Audiencia Nacional, asignándole el enjuiciamiento exclusivo de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas cuando sean cometidos por organizaciones criminales.

Crea un marco legal para agilizar trámites y mejorar la atención a personas con enfermedades neurodegenerativas (como ELA, alzhéimer o párkinson), incluyendo medidas como: 1) Reconocer automáticamente un grado de discapacidad del 33% o superior a quienes tengan pensión de incapacidad permanente o situación de dependencia. 2) Establecer un trámite de urgencia (máximo 3 meses) para resolver prestaciones de dependencia en casos de enfermedades de rápida evolución. 3) Ampliar el bono social eléctrico a hogares con personas electrodependientes y mejorar la rehabilitación y atención sociosanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Establece un marco legal para mejorar la atención integral de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), modificando leyes sobre dependencia, discapacidad, sanidad, consumo e investigación. Incluye medidas concretas para agilizar diagnósticos, mejorar tratamientos, garantizar acceso equitativo a tecnologías y reforzar la investigación.

Modifica la normativa sanitaria y social para reforzar los derechos de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, incluyendo mejoras en el acceso a tratamientos, ayudas técnicas y apoyo a cuidadores. También establece medidas para agilizar los trámites de reconocimiento de discapacidad y dependencia en estos casos.

Modifica la Ley General Penitenciaria para reconocer legalmente a los funcionarios de prisiones como **agentes de la autoridad**, lo que refuerza su seguridad jurídica y da valor probatorio a sus informes en procedimientos disciplinarios. Además, establece garantías para que estos funcionarios no compartan espacio con otros reclusos si son ingresados en prisión y obliga a la Administración a indemnizarles por daños sufridos en el ejercicio de su trabajo, salvo dolo o negligencia grave.

Modifica la normativa para endurecer las penas por daños al Patrimonio Histórico, incluyendo multas más altas y posibles penas de prisión. También establece medidas para prevenir estos actos, como mayor vigilancia en zonas protegidas.