Votaciones

Modifica la normativa para establecer reglas comunes sobre cómo las empresas deben atender a sus clientes, incluyendo plazos máximos de respuesta y canales obligatorios. Afecta a todos los sectores que presten servicios al público.

Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente y aumentar las penas por este delito. Incluye medidas para proteger a los propietarios afectados y facilitar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Modifica la normativa de tráfico para bajar el límite máximo de alcohol en sangre permitido al conducir y prohíbe publicar en redes sociales la ubicación de los controles policiales de alcoholemia.

Modifica la normativa para fomentar la economía social, promoviendo cooperativas, sociedades laborales y otras entidades con fines sociales y económicos. Incluye medidas de apoyo financiero, fiscal y de formación para este tipo de empresas.

Modifica la normativa que regula el empleo público en la Administración del Estado, estableciendo nuevas condiciones para la selección, promoción y evaluación de los funcionarios. Incluye cambios en los procesos de acceso a la función pública y en la carrera profesional de los empleados públicos.

Modifica la normativa de Seguridad Social para recuperar la bonificación del 50% en las cuotas patronales de las empresas de Ceuta y Melilla que operen en sectores como agricultura, comercio, turismo o industria, siempre que tengan trabajadores con contratos indefinidos y cumplan con acciones formativas anuales de al menos 20 horas.

Concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas saharauis nacidas en el Sahara Occidental cuando estuvo bajo administración española, así como a sus descendientes directos en primer grado. También reduce a dos años el plazo de residencia legal en España para obtener la nacionalidad por este motivo, igual que para otros colectivos con vínculos históricos con España.

Modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para flexibilizar los requisitos de validez de los planes urbanísticos, permitiendo subsanar errores formales menores y limitando a cuatro años el plazo para impugnarlos por motivos de procedimiento. Introduce un régimen especial que distingue entre vicios graves (nulidad) y leves (convalidables), adaptándose a la complejidad técnica de estos instrumentos.

Modifica la Ley de Bases del Régimen Local para impedir que personas en situación de ocupación ilegal de viviendas o en situación de inmigración ilegal puedan empadronarse en un municipio. En el caso de ocupaciones, exige presentar un título legal sobre la vivienda o autorización del propietario para inscribirse, y anula automáticamente las inscripciones sin estos requisitos. Para inmigrantes en situación irregular, se registrará expresamente su condición en el padrón.