Leyes

Modifica la normativa sobre autónomos para actualizar sus derechos y obligaciones, incluyendo medidas como la mejora de la protección por cese de actividad y la simplificación de trámites administrativos.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pasando de un modelo de elección por parte de las Cortes Generales a otro sistema aún por definir.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para mantener el régimen fiscal especial de las Islas Baleares, que incluye beneficios tributarios como reducciones en impuestos autonómicos. La medida asegura que estas ventajas sigan aplicándose en los próximos ejercicios fiscales.

Modifica la normativa autonómica de las Illes Balears para limitar el alquiler turístico y priorizar el uso residencial de las viviendas, restringiendo su transformación en alojamientos para turistas. Incluye medidas contra la especulación inmobiliaria en la comunidad.

Modifica la normativa para reconocer legalmente a las organizaciones de pacientes, estableciendo sus derechos y obligaciones en el sistema sanitario. Define su papel en la representación y defensa de los intereses de los pacientes ante las administraciones públicas.

Modifica las normas de transporte para ofrecer bonificaciones o descuentos en billetes de transporte público colectivo a jóvenes durante el verano de 2026. La medida se aplica exclusivamente a los viajes realizados en ese periodo estival.

Modifica la normativa para permitir que el Estado pueda endeudarse con más facilidad y rapidez, autorizando operaciones de crédito extraordinarias a organismos públicos estatales.

Modifica la normativa penitenciaria para regular aspectos como la ejecución de las penas, el régimen de los centros penitenciarios y las condiciones de los internos durante su cumplimiento. Incluye cambios en la clasificación de los reclusos y en los permisos de salida.

Establece cambios en la distribución de fondos entre el Estado y las comunidades autónomas para ajustar su financiación. Incluye modificaciones en los criterios de reparto y plazos de transferencia de recursos.

Modifica el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular el proceso de selección de los aspirantes a jueces, incluyendo un sistema de evaluación continua y formación específica durante su etapa como aspirantes.

Modifica el estatuto de los ex presidentes del Gobierno para endurecer las incompatibilidades laborales tras dejar el cargo. Amplía de 2 a 10 años el plazo en el que no pueden trabajar en sectores estratégicos relacionados con su gestión anterior, prohíbe que usen recursos públicos (oficinas, personal) para actividades privadas y suspende sus pensiones si aceptan empleos lucrativos en el sector privado.

Prohíbe el uso en espacios públicos de prendas que cubran el rostro como el nicab o el burka, considerándolas contrarias a la dignidad de la mujer y a la seguridad ciudadana. Establece sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y expulsión del país para extranjeros reincidentes, e incluso penas de prisión por obligar a su uso.

Modifica la Ley 16/1983 para reforzar las competencias del Instituto de la Mujer, incluyendo asistencia integral a víctimas, supervisión de la no discriminación en inteligencia artificial y emisión de informes en procesos judiciales. También actualiza leyes procesales para ampliar su capacidad de litigar en defensa de intereses colectivos y adaptar su estructura de gobierno.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para incluir a los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación por la peligrosidad de su trabajo.

Modifica la aportación económica que pagan los usuarios y sus beneficiarios por los medicamentos que se dispensan sin hospitalización. La norma regula cómo se calcula y qué colectivos pueden tener reducciones o exenciones en ese pago.

Establece el marco legal en España para aplicar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, designando autoridades nacionales competentes y regulando su uso según los riesgos que supongan para derechos fundamentales, salud o seguridad. Incluye medidas para sistemas prohibidos y requisitos para los permitidos, así como un régimen sancionador.

Declara que ciertos eventos, iniciativas o programas específicos (no detallados en el título) son de "excepcional interés público", lo que permite aplicar medidas excepcionales para su organización, financiación o promoción. No especifica cuáles son esos eventos ni qué consecuencias concretas tiene esa declaración.

Crea un nuevo impuesto estatal sobre herencias y donaciones de grandes patrimonios, aplicable solo cuando el valor neto supere un millón de euros por beneficiario. Complementa al actual Impuesto de Sucesiones y Donaciones, evitando que las bonificaciones autonómicas reduzcan su recaudación en casos de grandes fortunas.

Modifica la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para permitir recurrir ante los tribunales las decisiones de las comisiones que evalúan las solicitudes de eutanasia.

Crea un marco legal específico para reconocer y proteger los derechos fundamentales de los grandes simios (chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes) en España, como su derecho a la vida, libertad e integridad física y emocional, prohibiendo su comercio, tenencia inadecuada y uso en espectáculos, y promoviendo el fin progresivo de su cautiverio. Establece un registro estatal obligatorio, sanciones por incumplimiento y un comité consultivo para supervisar su aplicación.

Modifica la normativa tributaria para establecer ayudas fiscales y bonificaciones a las víctimas de desastres naturales como la DANA y otras emergencias, facilitando su recuperación económica.

Modifica la normativa estatal para ampliar las funciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears, permitiendo que participe en la gestión de los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza. Incluye la evaluación anual de impactos ambientales, de movilidad y de recursos naturales, así como la elaboración de planes de actuación para mitigarlos.

Modifica la normativa sanitaria para reforzar la transparencia y la ética en la gestión del Sistema Nacional de Salud, estableciendo medidas de control y prevención de conflictos de interés en el ámbito público sanitario.

Modifica la aportación económica que pagan los usuarios y sus beneficiarios por los medicamentos que se compran en farmacias sin receta hospitalaria. Establece nuevos criterios para calcular cuánto debe abonar cada persona según su situación económica.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del Ingreso Mínimo Vital para limitar los casos en los que se puede exigir la devolución de prestaciones cobradas por error, evitando que se reclamen cantidades que supongan una carga desproporcionada para personas en situación de vulnerabilidad. Además, prohíbe expresamente que los hijos menores o a cargo sean considerados responsables solidarios del reintegro de estas prestaciones.

Modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para reconocer a Formentera como circunscripción electoral propia en el Senado, separándola de Ibiza. Así, cada isla elegirá su propio senador, adaptando la ley a la reciente reforma constitucional que reconoce su autonomía institucional.

Modifica temporalmente normas del sector transporte para agilizar trámites administrativos y flexibilizar requisitos operativos durante situaciones de crisis o emergencia. Se aplica mientras persistan las circunstancias excepcionales que justifican su vigencia.

Modifica la normativa tributaria para establecer ayudas fiscales y medidas urgentes de apoyo económico a las víctimas de desastres naturales como la DANA y otras emergencias. Incluye bonificaciones o exenciones en impuestos para paliar los daños sufridos.

Modifica la tramitación de los internamientos involuntarios regulados en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo un nuevo procedimiento para su autorización judicial.

Modifica la Ley de Educación y la Ley de mejora de la docencia para introducir cambios en el sistema educativo no universitario, incluyendo medidas adicionales para su mejora.