Leyes

Modifica el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular el proceso de selección de los aspirantes a jueces, incluyendo un sistema de evaluación continua y formación específica durante su etapa como aspirantes.

Modifica el estatuto de los ex presidentes del Gobierno para endurecer las incompatibilidades laborales tras dejar el cargo. Amplía de 2 a 10 años el plazo en el que no pueden trabajar en sectores estratégicos relacionados con su gestión anterior, prohíbe que usen recursos públicos (oficinas, personal) para actividades privadas y suspende sus pensiones si aceptan empleos lucrativos en el sector privado.

Prohíbe el uso en espacios públicos de prendas que cubran el rostro como el nicab o el burka, considerándolas contrarias a la dignidad de la mujer y a la seguridad ciudadana. Establece sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y expulsión del país para extranjeros reincidentes, e incluso penas de prisión por obligar a su uso.

Modifica la Ley 16/1983 para reforzar las competencias del Instituto de la Mujer, incluyendo asistencia integral a víctimas, supervisión de la no discriminación en inteligencia artificial y emisión de informes en procesos judiciales. También actualiza leyes procesales para ampliar su capacidad de litigar en defensa de intereses colectivos y adaptar su estructura de gobierno.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para incluir a los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación por la peligrosidad de su trabajo.

Modifica la aportación económica que pagan los usuarios y sus beneficiarios por los medicamentos que se dispensan sin hospitalización. La norma regula cómo se calcula y qué colectivos pueden tener reducciones o exenciones en ese pago.

Establece el marco legal en España para aplicar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, designando autoridades nacionales competentes y regulando su uso según los riesgos que supongan para derechos fundamentales, salud o seguridad. Incluye medidas para sistemas prohibidos y requisitos para los permitidos, así como un régimen sancionador.

Real Decreto-leyNorma amb força de llei dictada pel Govern per urgència. El Congrés ha de convalidar-la o derogar-la en 30 dies. 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.

Crea un nuevo impuesto estatal sobre herencias y donaciones de grandes patrimonios, aplicable solo cuando el valor neto supere un millón de euros por beneficiario. Complementa al actual Impuesto de Sucesiones y Donaciones, evitando que las bonificaciones autonómicas reduzcan su recaudación en casos de grandes fortunas.

Modifica la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para permitir recurrir ante los tribunales las decisiones de las comisiones que evalúan las solicitudes de eutanasia.

Crea un marco legal específico para reconocer y proteger los derechos fundamentales de los grandes simios (chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes) en España, como su derecho a la vida, libertad e integridad física y emocional, prohibiendo su comercio, tenencia inadecuada y uso en espectáculos, y promoviendo el fin progresivo de su cautiverio. Establece un registro estatal obligatorio, sanciones por incumplimiento y un comité consultivo para supervisar su aplicación.

Modifica la normativa tributaria para establecer ayudas fiscales y bonificaciones a las víctimas de desastres naturales como la DANA y otras emergencias, facilitando su recuperación económica.

Modifica la normativa estatal para ampliar las funciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears, permitiendo que participe en la gestión de los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza. Incluye la evaluación anual de impactos ambientales, de movilidad y de recursos naturales, así como la elaboración de planes de actuación para mitigarlos.

Modifica la normativa sanitaria para reforzar la transparencia y la ética en la gestión del Sistema Nacional de Salud, estableciendo medidas de control y prevención de conflictos de interés en el ámbito público sanitario.

Modifica la aportación económica que pagan los usuarios y sus beneficiarios por los medicamentos que se compran en farmacias sin receta hospitalaria. Establece nuevos criterios para calcular cuánto debe abonar cada persona según su situación económica.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del Ingreso Mínimo Vital para limitar los casos en los que se puede exigir la devolución de prestaciones cobradas por error, evitando que se reclamen cantidades que supongan una carga desproporcionada para personas en situación de vulnerabilidad. Además, prohíbe expresamente que los hijos menores o a cargo sean considerados responsables solidarios del reintegro de estas prestaciones.

Modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para reconocer a Formentera como circunscripción electoral propia en el Senado, separándola de Ibiza. Así, cada isla elegirá su propio senador, adaptando la ley a la reciente reforma constitucional que reconoce su autonomía institucional.

Modifica temporalmente normas del sector transporte para agilizar trámites administrativos y flexibilizar requisitos operativos durante situaciones de crisis o emergencia. Se aplica mientras persistan las circunstancias excepcionales que justifican su vigencia.

Modifica la normativa tributaria para establecer ayudas fiscales y medidas urgentes de apoyo económico a las víctimas de desastres naturales como la DANA y otras emergencias. Incluye bonificaciones o exenciones en impuestos para paliar los daños sufridos.

Modifica la tramitación de los internamientos involuntarios regulados en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo un nuevo procedimiento para su autorización judicial.

Modifica la Ley de Educación y la Ley de mejora de la docencia para introducir cambios en el sistema educativo no universitario, incluyendo medidas adicionales para su mejora.

Modifica la Ley de Haciendas Locales para reformar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ajustando bonificaciones y reducciones con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Las modificaciones buscan que el impuesto sea más proporcional a la situación económica del contribuyente.

Modifica la Ley de Horarios Comerciales para reforzar el derecho al descanso dominical y festivo, prohibiendo la apertura de comercios en esos días. La reforma busca priorizar la conciliación familiar y la vida personal frente a intereses económicos.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para incluir expresamente el derecho de los trabajadores a no sufrir represalias por su actividad sindical o huelga, prohibiendo específicamente la creación de listas o archivos que identifiquen a empleados por su afiliación sindical o participación en huelgas. También refuerza el régimen sancionador al tipificar como infracción muy grave estas prácticas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Modifica la normativa alimentaria para fomentar el consumo de alimentos y bebidas saludables, estableciendo criterios claros y medidas de promoción en políticas públicas y campañas de concienciación.

Modifica temporalmente normas del sector del transporte para agilizar trámites administrativos y flexibilizar requisitos operativos durante situaciones de crisis o emergencia. Afecta a empresas y profesionales del transporte por carretera, aéreo y marítimo.

Modifica la normativa sobre autónomos para actualizar sus derechos y obligaciones, incluyendo medidas como la cotización por ingresos reales, la protección por cese de actividad y la simplificación de trámites administrativos. La reforma afecta a todos los trabajadores por cuenta propia en España.

Proposición de Ley sobre simplificación y racionalidad de trámites ciudadanos.

Modifica la Ley 29/2011 para ampliar el reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo, incluyendo nuevos supuestos de ayuda y derechos. Establece medidas adicionales de apoyo económico, sanitario y social para las personas afectadas.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —y no el Gobierno— quien designe las candidaturas españolas a jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a jueces o abogados generales del Tribunal de Justicia de la UE. El proceso deberá seguir criterios de transparencia, mérito y publicidad, alineándose con los estándares internacionales exigidos.