Pide al Gobierno que: 1. Regule los créditos rápidos para evitar intereses abusivos y definir qué préstamos son usurarios. 2. Cree un registro y supervisión obligatoria de estas empresas bajo el Banco de España. 3. Prohíba publicidad engañosa que oculte los costes reales. 4. Amplíe la regulación a préstamos de menos de 200 euros y elimine prácticas como comisiones ocultas. 5. Desarrolle modelos contractuales estandarizados para proteger a los consumidores.