Pide al Gobierno que: 1. Supervise que las universidades privadas cumplan los requisitos de adaptación (como profesorado doctorado, infraestructuras o investigación) antes de 2026, coordinándose con las comunidades autónomas y agencias de calidad. 2. Elimine el silencio administrativo en la creación de nuevas titulaciones para que ninguna se apruebe sin una evaluación previa rigurosa, con supervisión del Consejo de Universidades. 3. Iguale los controles de calidad para las titulaciones de universidades privadas a los de las públicas, exigiendo los mismos estándares en profesorado, infraestructuras y planificación.