Proposición no de Ley relativa a la persecución y criminalización de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador.

Modifica el marco legal salvadoreño para endurecer las penas contra organizaciones sociales y personas que defienden derechos humanos, considerándolas como parte de actividades delictivas. Amplía los supuestos que pueden ser tipificados como "asociación ilícita" o "financiamiento del terrorismo" cuando se vinculen a estas actividades.

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