Pide al Gobierno que: 1. Desarrolle una política migratoria clara para evitar situaciones irregulares y adapte la legislación nacional al nuevo Reglamento Europeo de Retornos. 2. Establezca un sistema de prioridad nacional en ayudas y prestaciones públicas, limitando su acceso a quienes tengan arraigo real y verificable en España. 3. Garantice la prioridad nacional en vivienda protegida y alquiler social, exigiendo empadronamiento prolongado y vinculación con el territorio, y excluyendo a quienes hayan cometido delitos de ocupación de viviendas.