Las votaciones que hacen o cambian leyes.
98 iniciativas
La mayoría de votaciones del pleno no crean ley: son proposiciones no de ley, mociones e interpelaciones. No cambian la ley, pero muestran la posición de los grupos y lo que quieren impulsar. Útiles para entender cómo piensan.
Modifica la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia y la Ley de Enjuiciamiento Civil para eximir del uso de métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) en demandas de familia que afecten a menores, ejecuciones, procedimientos internacionales o desacuerdos conyugales. Además, obliga a que la vista en procesos de familia sea siempre presencial, con asistencia obligatoria de las partes y sus abogados.
Si tienes hijos: Si tienes hijos menores a cargo y presentas una demanda de separación, divorcio o medidas paternofiliales, no estás obligado a usar métodos alternativos de solución de conflictos.
Cambia la ley para obligar a intentar un acuerdo mediante métodos alternativos (como la mediación) antes de poder demandar en casos de familia, como divorcios o custodia de hijos. Afecta a todos los procesos judiciales de Derecho de Familia.
Si tienes hijos: Si tienes hijos o hijas a cargo y quieres divorciarte o modificar la custodia, deberás intentar un acuerdo mediante mediación antes de demandar.
Regula el ejercicio profesional de la Criminología, exigiendo el título universitario oficial para trabajar en cualquier ámbito, definiendo sus competencias exclusivas y obligando a colegiarse para actuar ante juzgados. Crea un Consejo General de Colegios y un Registro Nacional de profesionales, además de imponer a las administraciones públicas incluir plazas para criminólogos en sus ofertas de empleo. Establece un régimen sancionador por ejercicio ilegal o incumplimiento deontológico.
Si eres autónomo/a: Si eres criminólogo autónomo, deberás colegiarte para ejercer ante juzgados y tribunales.
Si tienes una empresa: Si contratas servicios de criminología en el sector privado, deberás verificar que el profesional tenga el título universitario oficial.
Deroga la Ley 18/2013 que consideraba la tauromaquia como patrimonio cultural común y elimina su referencia en la normativa sobre patrimonio cultural inmaterial.
Crea una Agencia Independiente de Integridad Pública para coordinar políticas contra la corrupción y obliga a partidos con más de 50.000€ en subvenciones a auditar sus cuentas. Digitaliza el gasto público estatal con validaciones automáticas y amplía a 7 años el plazo para prescribir delitos contra la Administración.
Modifica la Ley Orgánica para proteger el honor, la intimidad y la propia imagen, regulando el consentimiento para usar imágenes o voces (incluidas redes sociales), la capacidad de menores y personas con discapacidad para consentir, y las prohibiciones sobre ultrafalsificaciones y difamación de menores. También permite a los testadores restringir el uso comercial de su imagen tras fallecer y amplía quién puede defender estos derechos en caso de muerte.
Si eres joven: Si eres menor de 16 años, se presume que puedes consentir el uso de tu imagen o voz, salvo que el Ministerio Fiscal se oponga en 8 días.
Si tienes una discapacidad: Si tienes discapacidad, puedes consentir el uso de tu imagen o voz por ti mismo o con apoyos, con intervención del Ministerio Fiscal si hay oposición.
Como consumidor/a: Si te difunden imágenes o voces manipuladas con apariencia realista (ultrafalsificaciones), el texto las considera ilegítimas.
Modifica el Código Penal para que los extranjeros condenados puedan cumplir su pena con la expulsión del país, salvo en delitos graves. También establece la pérdida de la nacionalidad española no de origen para quienes la hayan obtenido y sean condenados por cualquier delito.
Si eres migrante: Si eres extranjero condenado por un delito no grave en España, podrán expulsarte en lugar de cumplir pena de prisión y prohibirte la entrada entre 10 y 20 años.
Modifica la Ley Orgánica 8/2021 para ampliar los delitos que impiden trabajar con menores, incluyendo acoso, delitos de odio y violencia de género, y exige certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales para profesiones con contacto habitual con menores.
Si trabajas por cuenta ajena: Si trabajas con menores, necesitarás un certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales para acceder o mantener tu empleo.
Si tienes una empresa: Si contratas personal para trabajar con menores, deberás exigirles el certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales.
Si trabajas en la administración: Si eres funcionario con contacto habitual con menores, necesitarás el certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales.
Modifica el régimen penitenciario para endurecer las condiciones de cumplimiento de penas por delitos de terrorismo, exigiendo aprobación judicial con participación de víctimas y fiscal para acceder a tercer grado o flexibilización de grados. También amplía los derechos de las víctimas a recurrir resoluciones como tercer grado o libertad condicional en estos casos.
Modifica la tramitación de los recursos contra resoluciones de comisiones de eutanasia para agilizar su resolución, estableciendo plazos improrrogables y un procedimiento especial preferente. La ley entra en vigor a los dos meses de su publicación y solo se aplica a recursos presentados después de esa fecha.
Reconoce derechos fundamentales a grandes simios (vida, libertad e integridad física/emocional) y prohíbe su sacrificio, cría en cautividad, comercio, tenencia sin autorización, uso en experimentación o espectáculos. Establece un registro obligatorio, condiciones mínimas de bienestar en centros autorizados y sanciones de hasta 200.000 € por infracciones graves.
Si tienes una vivienda en propiedad: Si tienes un gran simio en propiedad, debes solicitar autorización en 12 meses o enfrentarte a sanciones de hasta 200.000 €.
Reforma la tramitación de los internamientos involuntarios por salud mental en la Ley de Enjuiciamiento Civil, creando tres tipos (asistencial, terapéutico y por urgencia vital) y estableciendo plazos y garantías como asistencia letrada obligatoria, ratificación judicial en 72 horas para urgencias y revisiones cada menos de 3 meses. Prohíbe el internamiento basado solo en discapacidad y obliga a escuchar a menores y a sus familias antes de autorizarlo.
Si eres joven: Si eres menor de edad, el juez debe escucharte y oír a tus progenitores o tutores antes de autorizar un internamiento involuntario por salud mental.
Si tienes una discapacidad: Si tienes una discapacidad, el texto prohíbe el internamiento involuntario basado solo en tu discapacidad y exige necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Esta propuesta también se presentó otra vez:
Cambia la ley que ampara a las víctimas del terrorismo para ampliar sus derechos y ayudas. Incluye mejoras en indemnizaciones, asistencia jurídica y reconocimiento social. Afecta a quienes sufrieron atentados terroristas y a sus familias.
Modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para obligar a investigar y perseguir de oficio los actos de enaltecimiento del terrorismo, los homenajes a condenados y la violencia callejera con finalidad terrorista. Exige al Consejo Fiscal aprobar protocolos de actuación en 3 meses y deroga normas contrarias. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Crea un impuesto temporal del 10% sobre los márgenes de intereses y comisiones de los grandes bancos (con ingresos superiores a 800 millones de euros en 2019) para los años 2027 a 2029, y un impuesto del 75% sobre sus márgenes extraordinarios (superiores al 5% del margen del primer semestre de 2022) en el mismo periodo. Los ingresos recaudados se destinarán a un fondo para construir vivienda pública en alquiler social en zonas con alta demanda, dirigida a familias vulnerables.
Si vives de alquiler: Si vives de alquiler en una zona tensionada y eres familia vulnerable, podrías acceder a vivienda pública en alquiler social financiada con este fondo.
Modifica la Ley 29/2011 para reconocer como víctimas del terrorismo a quienes sufrieron crímenes de agentes del Estado antes del 1 de enero de 1983, incluyendo a sus familiares en ayudas y prestaciones. Establece una indemnización de 250.000€ para fallecidos entre 1968 y 1983 en defensa de libertades democráticas, con un plazo de un año para solicitar el reconocimiento y otro año para reclamar la indemnización.
Si tienes hijos: Si tienes un familiar fallecido por crímenes de agentes del Estado antes de 1983, puedes acceder a ayudas y prestaciones como víctima del terrorismo en un plazo de un año.
Procede del Real Decreto-ley 1/2026, que ya está en vigor: el Congreso lo convalidó y ahora lo tramita también como ley para poder enmendarlo. Ver el decreto
Crea ayudas económicas directas para víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, con importes de 72.121,46 € por fallecimiento y entre 2.404,04 € y 84.141,70 € por lesiones según gravedad. Establece un plazo de 3 meses para solicitar las ayudas, prorrogable, y un máximo de 6 meses para resolver.
Modifica el Código Penal para prohibir concentraciones, rezos o actos cerca de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo dentro de un radio de 200 metros. Establece penas de prisión o trabajos comunitarios para quienes acosen o generen un entorno intimidatorio contra mujeres que aborten o personal sanitario.
Si eres mujer: Si eres mujer y vas a una clínica de interrupción voluntaria del embarazo, el texto prohíbe actos intimidatorios a menos de 200 metros y establece penas de prisión o trabajos comunitarios.
Como consumidor/a: Si acudes a una clínica de interrupción del embarazo como paciente o acompañante, el texto prohíbe actos intimidatorios a menos de 200 metros y permite denunciar sin necesidad de prueba individual.
Reconoce el derecho de cualquier persona o empresa a pedir la rectificación de información inexacta publicada en medios o plataformas digitales. Obliga a los medios digitales a tener un sistema gratuito y visible para recibir estas solicitudes y a publicar la rectificación en el mismo formato que la información original. Establece un plazo de 10 días para solicitarla (20 días si se trata de medios digitales o usuarios con más de 100.000 seguidores) y un procedimiento judicial rápido de 7 días hábiles para resolverlo sin necesidad de abogado.
Como consumidor/a: Si usas redes sociales o medios digitales, puedes solicitar rectificación de informaciones falsas o inexactas en un plazo de hasta 20 días.
Modifica la Ley Orgánica de Eficiencia en la Justicia y la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar procesos de familia con menores. Exime de mediación previa en casos urgentes (alimentos, vivienda o relación con los progenitores) y elimina requisitos de procedibilidad en expedientes de patria potestad, demandas ejecutivas y procesos europeos de escasa cuantía. También obliga a celebrar vista judicial en estos casos para proteger a los menores y unificar criterios.
Si vives de alquiler: Si vives de alquiler en un proceso de familia con menores, el texto prioriza la vista judicial en casos urgentes sobre la vivienda familiar.
Si tienes una vivienda en propiedad: Si eres propietario de una vivienda en un proceso de familia con menores, el texto prioriza la vista judicial en casos urgentes sobre vivienda familiar.
Si tienes hijos: Si tienes hijos menores a cargo en un proceso de familia, el texto elimina la mediación previa en casos urgentes como alimentos, vivienda o relación con los progenitores.
Cambia la Ley Penitenciaria para endurecer los requisitos que deben cumplir los presos condenados por terrorismo si quieren pasar a un régimen carcelario menos estricto o salir antes. Afecta solo a este tipo de delitos.
Modifica el Código Penal para aclarar que cortar suministros (agua, luz, gas) a ocupantes ilegales de viviendas no se considera delito de coacciones. La medida entra en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE.
Si tienes una vivienda en propiedad: Si eres propietario de una vivienda ocupada ilegalmente, podrás cortar los suministros de agua, luz o gas sin que se considere delito de coacciones desde el día siguiente a publicarse en el BOE.
Regula el ejercicio profesional de la criminología exigiendo título universitario oficial en la materia (o homologado) para trabajar, tanto en el sector público como privado, y obliga a colegiarse donde existan colegios profesionales. Establece plazas para criminólogos en empleos públicos relacionados con prevención del delito, reinserción o atención a víctimas, e incluye un régimen sancionador por incumplimientos.
Si estudias: Si estudias Criminología, el texto exige que tu plan de estudios incluya prácticas externas obligatorias para obtener el título.
Si trabajas por cuenta ajena: Si trabajas como criminólogo en el sector privado, necesitas título universitario oficial en Criminología y colegiarte donde exista colegio profesional.
Si tienes una discapacidad: Si tienes discapacidad y ejerces como criminólogo, las administraciones y colegios profesionales deben garantizar accesibilidad y no discriminación en tu trabajo.
Modifica la Ley 36/2011 para dar carácter vinculante a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales en recursos de casación laboral. Permite invocarlas en procesos judiciales pendientes y futuros sobre derechos sociales, con efectos desde su publicación en el BOE.
Si trabajas por cuenta ajena: Si tienes un juicio laboral pendiente o lo inicias, las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales podrán invocarse como doctrina desde la publicación de la ley en el BOE.
Si tienes una empresa: Si diriges una empresa, las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales podrán aplicarse en juicios laborales contra ti desde la publicación de la ley en el BOE.
Modifica el Código Penal para endurecer las penas en casos de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa, incluyendo condenas previas por delitos leves en los cálculos. Prohíbe la suspensión de penas y agrava las sanciones cuando hay al menos tres condenas anteriores por delitos de la misma naturaleza.
Si eres joven: Si eres menor de edad pero con antecedentes penales por hurto o estafa, estos contarán para agravar penas si reincides al ser mayor.
Como consumidor/a: Si eres víctima de un hurto o estafa con multirreincidencia, el texto aumenta las penas de prisión para el autor hasta 6 años.
Establece las nuevas reglas para investigar delitos, juzgar a los acusados y proteger los derechos de las víctimas en los procesos penales. Sustituye a la ley actual, que data de 1882.
Modifica el Código Penal para eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para prohibir a los jueces manifestar públicamente su apoyo o censura a partidos o instituciones, así como participar en actos políticos. Las nuevas normas se aplican a procesos judiciales en curso y futuros, y entran en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.
Como consumidor/a: Si expresas opiniones públicas sobre creencias religiosas, el texto elimina el delito de ofensa a sentimientos religiosos desde los 20 días de su publicación en el BOE.
Modifica el Código Civil para contar como residencia válida los periodos de estancia legal por estudios, prácticas o investigación a la hora de solicitar la nacionalidad por residencia. Reduce a 2 años el plazo para obtenerla para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes. Elimina la obligación de renunciar a la nacionalidad de origen al adquirir la española.
Si eres migrante: Si eres nacional de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardí, el texto reduce a 2 años el plazo para obtener la nacionalidad por residencia.
Cambia las normas para obtener la nacionalidad española por residencia, facilitando el proceso y permitiendo conservar la nacionalidad de origen sin perderla. Afecta a personas extranjeras que vivan en España.
Si eres migrante: Si eres extranjero residente en España, el texto reduce el plazo de residencia legal exigido para solicitar la nacionalidad de 10 a 5 años en casos generales.
Modifica el Código Penal para tipificar nuevos delitos relacionados con el incumplimiento de las sanciones económicas de la Unión Europea, incluyendo penas de prisión y multas para conductas como facilitar fondos a sancionados o eludir obligaciones de inmovilización de activos. Establece la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos delitos y permite el decomiso de fondos vinculados a estas infracciones, incluso si no son producto de un delito previo.