martes, 28 de abril de 2026

Crea un consorcio público entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña para gestionar de forma conjunta las inversiones en infraestructuras de titularidad estatal en Cataluña, con el objetivo de agilizar su planificación, ejecución y mantenimiento. El consorcio elaborará un plan plurianual de inversiones y podrá encomendar la ejecución de obras a una sociedad mercantil participada por ambas administraciones.

Modifica el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para que la declaración de desamparo de un menor y la asunción de su tutela por parte de la administración se decidan siempre por un juez, no por vía administrativa. Además, prioriza que los menores en desamparo sean reintegrados en su familia de origen o, en su defecto, en la familia extensa, siempre que sea lo mejor para el menor.